CARACAS — El panorama para el uso de los Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS), conocidos popularmente como drones, se mantiene bajo un estricto régimen de restricción en el país. Tras la publicación de la Resolución Conjunta ministerial en la Gaceta Oficial N° 6.927, el Estado venezolano prorrogó la prohibición absoluta de vuelos de drones para civiles y empresas privadas, una medida que permanecerá vigente hasta el 18 de agosto de 2026.
Esta regulación excepcional restringe no solo el sobrevuelo, sino también el registro aeronáutico, la compra, venta, fabricación e importación de drones por parte de particulares, dejando su uso operativamente exclusivo para los órganos de seguridad ciudadana y las fuerzas de defensa del Estado.
El marco regulatorio permanente del INAC
Fuera de estos periodos de restricción extraordinaria, la actividad está regulada de forma permanente por la Ley de Aeronáutica Civil y las Regulaciones Aeronáuticas Venezolanas (RAV), bajo la estricta tutela del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC).
Para que un operador civil pueda volar legalmente en tiempos normales, la normativa exige cumplir con los siguientes requisitos obligatorios:
- Certificado de Matrícula: Inscripción formal del equipo en el Registro Aeronáutico Nacional.
- Licencia de Piloto a Distancia: Haber aprobado el curso teórico-práctico en un Centro de Instrucción Aeronáutica certificado.
- Certificado Médico Aeronáutico: Evaluación física y mental vigente para el operador.
- Póliza de Seguro: Cobertura de responsabilidad civil ante terceros para responder por eventuales daños en tierra.
- Permiso de Vuelo: Presentación y aprobación previa de un plan de vuelo ante la autoridad aeronáutica para cada operación.
Impacto en el gremio periodístico y comercial
La extensión de esta medida hasta finales de 2026 representa un desafío logístico para el periodismo de investigación, la producción audiovisual y los servicios de topografía comercial, sectores que dependían de la tecnología aérea para sus coberturas. Las autoridades han advertido que el incumplimiento de la Gaceta Oficial acarrea severas sanciones administrativas y penales, tipificadas bajo las leyes de seguridad de la nación y control del espacio aéreo venezolano.